En unos 35 días el parlamento aprobaría una Rendición de Cuentas presentada por Economía en la que se prevé establecer un gravamen para las «compañías extranjeras productoras, distribuidoras o intermediarias de películas cinematográficas y de tapes» que ofrecen sus servicios a través de internet. Reunidos en plenario, el pasado jueves 10 de Agosto, trabajadores del audiovisual reclamaron que parte de lo recaudado se dirija al Fondo que administra la Dirección de Cine y el Audiovisual Nacional (ICAU), en virtud de fortalecer al sector.
El reclamo no es sobre todo lo recaudado sino sobre un porcentaje de dos de los impuestos que se aplicarían, entre otras, a la compañía Netflix. La ley prevé gravar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a la Renta de No Residentes (IRNR) y el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE). La resolución del plenario reclama que un 50% de lo recaudado con estos dos últimos impuestos (IRNR e IRAE), se destine al fondo del ICAU.
No es un propuesta innovadora. Varios países del mundo, entre ellos nuestros vecinos Argentina, Brasil y, un poco más allá, Colombia, aplican este tipo de reglamentos para fomentar al sector local, ya sea con impuestos, obligaciones de financiamiento y/o predominancia de obras en el catálogo. Del mismo modo operan varios países de la Comunidad Europea. Ancine, el equivalente brasilero del ICAU, desarrolló un documento cuando se discutió esta ley en su país, donde presentó los fijos que se destinaban a sus respectivos fondos del cine y audiovisual.
España e Italia, por ejemplo, destinan de forma directa a sus fondos un 5% de la facturación anual de empresas extranjeras por Video on Demand. Del mismo modo, España, Italia, Eslovaquia y Polonia imponen porcentajes de horas de la programación que deben estar destinados a contenidos europeos y/o hablados en sus propias lenguas. El más drástico de estos dictámenes es el de Francia, que impone un 60% de obras europeas y un 40% de habladas en francés. Brasil, por su parte, obliga a la internacional Netflix a financiar producciones brasileras: es con este mecanismo que se financió la serie 3% (2016), dirigida por nuestro compatriota, César Charlone, y que ya tiene confirmada una segunda temporada.
Desde el plenario de trabajadores del audiovisual se explicó que no se trata sólo de una disputa económica sino también de una cultural y hegemónica. Mientras la tendencia a nivel mundial es a aumentar la producción nacional de contenidos audiovisuales, explicó Mangou, en Uruguay se está haciendo lo contrario. Se sostiene que esto reproduce un modelo tradicional, donde Uruguay siempre fue comprador de contenidos extranjeros, y no creador de contenidos. El riesgo que esto implica hoy es mucho más grande, ya que “el lenguaje audiovisual es la herramienta más poderosa que tienen las sociedades de hoy para identificarse, verse y entenderse, para enseñar y aprender».
Se estima que en Uruguay hay 150.000 suscriptores al servicio de Netflix y que esta cifra crece día a día.
